Cinco vicios de trámite y la atribución de facultades que no le competían al comité promotor dieron al traste con la iniciativa.

La violación de los topes en la financiación global, tanto como en los aportes individuales, mas cuatro insalvables irregularidades adicionales en el trámite, y la atribución de competencias que no le eran propias al comité promotor dejaron sin sustento jurídico la posibilidad de que los colombianos pudieran entregarle al presidente Uribe la posibilidad de inscribir su nombre en las elecciones de 2010.

El presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, indicó que la Asociación Colombia Primero no tenía la facultad de adelantar gestiones como comité promotor, atribuyéndose funciones en la contabilidad y en el manejo de los fondos, sin contar con la capacidad legal para ello. Allí se constituyó una violación de la Ley estatutaria de los mecanismos de participación, señaló el magistrado.

Además, indicó González Cuervo, hubo violaciones de los topes hasta en 30 veces, en lo que atañe al marco individual, y seis veces en el global, por cuanto el comité terminó sustituyendo la Constitución.

“El poder constituyente derivado tiene competencias para reformarla, mas no para sustituirla (la constitución), por lo cual todo cambia en la entidad del texto constitucional implica un vicio de competencia por excesos en el Ejercicio del poder reformatorio”, sostuvo el magistrado.

En consecuencia, la iniciativa lesionaba seriamente el mecanismo de pesos y contrapesos con los que cuenta el Estado para ejercer el control legal y constitucional, tesis que fue apoyada por la mayoría de la Sala Plena.

En lo que atañe al trámite legislativo, precisó, las irregularidades empezaron a hacerse latentes en el momento en que la Cámara de Representantes decidió avalar el proyecto sin que antes se hubiera emitido la respectiva certificación del acopio de las firmas, que debía expedir el Registrador Nacional que, a su vez, esperaba el aval del Consejo Nacional Electoral.

Posteriormente, el hecho de que algunos congresistas hubieran hecho uso de la llamada Ley de trasfuguismo para poder votar favorablemente la iniciativa, cuando se encontraban purgando sanciones, constituyó un nuevo vicio insalvable.

Adicionalmente, la convocatoria a sesiones extras sin previa publicación en el Diario Oficial y sin haber llegado al período de receso, tal y como lo destacó el magistrado Sierra Porto en su ponencia, engendraron una nueva irregularidad.

Según el presidente de la Corte, el Senado también incurrió en vicios al aprobar el cambio de la pregunta del referendo, cuando en la Cámara Baja ya había sido aprobado un texto distinto. Allí se sustituyó un verbo rector, que otorgaba la posibilidad de una reelección a quien hubiera sido “elegido” por dos períodos y no para quien hubiera “ejercido” la Presidencia por dos períodos.

Cinco vicios de trámite y la sustitución de la Carta Política por parte del comité promotor, terminaron hundiendo la posibilidad de la convocatoria a referendo, aún cuando sus fines no fueron objeto de examen por parte de la Corte, lo que significa que este mecanismo de participación seguirá siendo la llave a una reforma constitucional.

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Elespectador.com

El presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, explicó el fallo, que acogió uno a uno los reparos planteados en la ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto.

Según la Corte, la violación de los topes, las maniobras usadas por la campaña por el referendo para hacerle esguinces a las normas electorales y las irregularidades en el trámite del Congreso hacen ilegal esa iniciativa.

“El respeto de los mecanismos, más que mero ritualismo, es garantía de las reglas fundamentales de la democracia participativa”, dice la sentencia.

Pero la Corte fue más allá de la ponencia y declaró que el cambio propuesto en esa iniciativa era inconstitucional porque violaba preceptos básicos de la Carta Política como la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la alternancia democrática y el principio de igualdad democrática.

La Corte señaló que el referendo que buscaba una nueva reelección atentaba contra “ejes estructurales” de la Constitución de 1991.

“La Corte resuelve declarar inexequible por su inconstitucionalidad en su totalidad la ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional al pueblo colombiano”, fianalizaba el comunicado leído por González.

Jorge Pretelt y Mauricio González votaron en contra de la ponencia.
Los otros magistrados, Luis Ernesto Vargas, María Victoria Calle, Nilson Pinilla, Gabriel Eduardo Mendoza, Juan Carlos Henao y Jorge Iván Palacio, apoyaron la ponencia de Humberto Sierra, que planteó hundir la iniciativa.

Según las fuentes de la Corte, los vicios, especialmente la violación de los topes en la campaña para recoger las firmas, hundieron el referendo.

Álvaro Uribe no podrá ser candidato presidencial por tercera vez y, de esta manera, con el fallo en contra del referendo, se le da el banderazo a la campaña presidencial en el país, que estaba condicionada a la posibilidad de que Uribe se presentara y obtuviera un nuevo triunfo, pues todas las encuestas lo daban como vencedor en ese escenario.

Lo que ahora se abre paso es la campaña presidencial más emocionante de los últimos tiempos, que muy probablemente se resolverá en la segunda vuelta, en junio próximo. La primera vuelta se realizará el último domingo de mayo.

A partir de este momento, siete aspirantes presidenciales (Juan Manuel Santos, Rafael Pardo, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Germán Vargas y los ganadores de las consultas conservadora y del Partido Verde) emprenderán una dura competencia para disputarse el paso a segunda vuelta. Ninguno de estos, de entrada, está descartado de ir a la final.

Estos nueve juristas integran la Corte que dio la palabra final sobre la inicitiva que pretendía convocar a un referendo para la reelección

Presidente
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Magistrado de la Corte Constitucional desde octubre 2007. A partir del 10 de febrero de 2010, asumió la Presidencia de la corporación. Es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Economía de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Viceministro del Interior, Viceministro de Justicia, Asesor Jurídico de la Federación Nacional de Cafeteros y, Secretario de Gobierno de Ibagué.

También es profesor titular de Historia Constitucional Colombiana y Régimen Constitucional de las Entidades Territoriales en la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. Asimismo, es profesor titular de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad la Gran Colombia.

Vicepresidente
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ

Desde el primero de marzo de 2009 es Magistrado de la Corte Constitucional. A partir del 10 de febrero de 2010 asumió la Vicepresidencia de la corporación. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Administrativo y Master en Derecho Público Interno Francés de la Universidad de París. Doctor en Derecho de la Universidad de Panthéon-Assas París 2.

En el Ministerio Público se desempeñó como Asesor del despacho del Procurador General de la Nación, y como Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado. En la rama jurisdiccional desempeñó el cargo de Magistrado Auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Ha sido conferencista y docente invitado en diversos eventos nacionales e internacionales sobre temas de derecho administrativo.

Magistrada
MARIA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada de la Corte Constitucional desde el mes de abril de 2009. Es abogada de la Universidad de Medellín, con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás. Master en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia.

Ha sido docente catedrática en el área de contratación administrativa en la Universidad Libre y en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP-. Entre otros cargos ha sido Vicepresidenta Jurídica de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, Asesora Externa del Municipio de Pereira y Secretaría Jurídica del Departamento de Risaralda. En la Rama Judicial ocupó el cargo de Juez Quinta Penal Municipal de Pereira.

Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA

Desde el 16 de junio de 2006 es Magistrado de la Corte Constitucional. Se desempeñó como Presidente de la corporación entre el 10 de febrero de 2009 al 9 de febrero de 2010. Es abogado de la Universidad Javeriana, con especialización en Ciencias Penales y Penitenciarias de la Universidad Nacional de Colombia; estudios especiales sobre Criminología en la Universidad de Cambridge y otros múltiples cursos en Derecho Constitucional, Criminología, Derecho Penal y Procedimiento Penal.

Durante 35 años ha sido catedrático universitario y conferencista especializado. Se ha desempeñado entre otros cargos como Asesor Jurídico del Banco de la República y como Director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.

Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Desde febrero de 2009 es magistrado de la Corte Constitucional. Es abogado de la Universidad del Atlántico con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, y Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública en convenio con la Universidad del Atlántico.

Se ha desempeñado como Juez Octavo Penal Municipal de Barranquilla, Juez Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, Magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado, Vicepresidente del Consejo de Estado y actualmente Magistrado de la Corte Constitucional; y en el Ministerio Público ocupó los cargos de Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado y Viceprocurador General de la Nación (E). Ha sido profesor de postgrado y pregrado en Derecho Procesal Administrativo de diferentes universidades.

Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Desde el primero de marzo del 2009 es Magistrado de la Corte Constitucional. Es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, candidato a Magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Ha participado en diversas conferencias, tanto nacionales como internacionales, de las cuales destaca un Curso de Seguridad Social realizado en Israel.

En su experiencia laboral en la Rama Jurisdiccional, durante más de 26 años, se ha desempeñado como Magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, Juez Séptimo Laboral del Circuito de Medellín entre otros. A partir del mes de enero del año 2000 fue Conjuez de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Desde abril del 2009 es Magistrado de la Corte Constitucional. Abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario graduado en 1984, nacido en la ciudad de Montería (Córdoba), el día 4 de mayo del año 1962, con especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad.

Se especializó también en Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra. Actualmente adelanta la fase de Tesis Doctoral para acceder al título de Doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, España. En el sector público se desempeñó como Jefe de Personal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y fungió como conjuez en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Es Magistrado de la Corte Constitucional desde septiembre de 2004. Ejerció la presidencia de la corporación del 10 de febrero de 2008 hasta el 10 de febrero de 2009. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Doctor en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia.

También es Investigador del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita. Autor de diversas publicaciones en el área de justicia constitucional, fuentes de derecho y derecho parlamentario. Abogado litigante ante el Consejo de Estado, asesor en asuntos legislativos de la Cámara de Representantes y Procurador Delegado para la Función Pública. Es el actual ponente del referendo reeleccionista.

Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Es Magistrado de la Corte Constitucional desde el primero de marzo de 2009. Nacido en Cajamarca el 26 de marzo de 1954. Es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre, con especialización en Derecho de Familia y Doctorando en Derecho privado, de Familia y de Personas.

Lleva 31 años de experiencia como funcionario judicial: fue Juez en propiedad, Magistrado en provisionalidad del Tribunal Superior de Bogotá, y Magistrado en propiedad del Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Civil- Familia. También ha sido conferencista ponente en diversos congresos nacionales e internacionales sobre Derecho Procesal. Se ha hecho acreedor de varias distinciones entre ellos becario del Poder Judicial de España.

La notificación del alto tribunal, que mantiene un pulso con el presidente Álvaro Uribe desde hace varios meses, parece convertirse en la nueva amenaza contra el proyecto que le permitiría al mandatario presentarse para otra reelección en 2010.

Conforme se acerca el momento de votar la conciliación que le daría aprobación final al proyecto de referendo reeleccionista, el miedo de los parlamentarios uribistas ha comenzado a aflorar.

Temen que si votan el informe de conciliación, teniendo ellos una investigación previa por un hecho relacionado con el trámite del referendo, se expondrían a una demanda, que de ser fallada en su contra, los dejaría sin investidura parlamentaria y  ’muertos políticamente’.

El tema supera el debate de los impedimentos, las apelaciones y los tiempos legislativos. Las consecuencias que para la suerte jurídica de los parlamentarios tendría votar la conciliación, convierten la demanda no solo en el hilo más delgado del pulso  entre Uribe y la Corte Suprema de Justicia, sino en la mayor amenaza contra el referendo.

En lo que va corrido de la semana, congresistas del Partido de ‘la U’ y del Partido Conservador, los dos pilares de la coalición uribista, sostuvieron, por separado, reuniones con sus directores, para tratar el tema.

El temor es palpable. “Existe mucha preocupación por el tema de la investigación preliminar. Nos preocupa una demanda por perdida de investidura”, reconoció Eduardo Crissien, de ‘la U’.

En igual sentido se pronunció Augusto Posada, también de ‘la U’, quien afirmó que “hay prevención y temor” por las posibles consecuencias de la investigación.

Según Posada, en la reunión que sostuvieron el martes con Luis Carlos Restrepo, presidente del partido, “no escuché a nadie que estuviera tranquilo”.

“El sentir de muchos es que la situación no es clara y pidieron que se estudie”, dijo la congresista Karime Mota.

Y nadie parece dispuesto a ‘darse la pela’ de resignar su aspiración política a cambio de la tercera reelección de Uribe.

Por eso, al menos diez congresistas ya hablaron con Germán Varón, presidente de la Cámara y le pidieron que no los incluya en la comisión que conciliará el referendo con el Senado.

“Varios han manifestado su preocupación por el eventual problema que les pueda generar un proceso judicial en la Corte Suprema”, reconoció Varón.

Pero nadie reconoce haberle hecho un pedido de esa naturaleza a Varón. Él único es el conservador José de los Santos Negrette, integrante de la Comisión de Ética que negó una recusación que pretendía que Varón no nombrara a los conciliadores del referendo.

“Yo me voy a declarar impedido. Hay que esperar a ver qué decide la plenaria”, dijo Negrete, quien participó en una reunión que el miércoles sostuvieron congresistas conservadores con Efraín Cepeda, presidente de la colectividad.

Encabezados por los parlamentarios ‘azules’ Jorge Mantilla y Orlando Guerra, varios conservadores le manifestaron a Cepeda su “inquietud” por la llegada a sus despachos de la comunicación de la Corte.

El Partido Conservador contrató al penalista Jaime Granados para que les diga a sus representantes a la Cámara si deben o no declararse impedidos a la hora de votar el informe de conciliación que les presenten las comisiones de Senado y Cámara.

El martes, en reunión del directorio nacional del partido, les dirá qué hacer.

A partir de ahí, conseguir asesoría jurídica correrá por cuenta de los congresistas. Así que no solo tendrán que decidir si votan o no la conciliación. También tendrán que pensar de dónde sacarán, en plena campaña preelectoral, los cerca de 70 millones que un abogado les cobra por defenderlos ante la Corte Suprema de Justicia.

Según la denuncia de Germán Navas, representante del Polo, la cual dio origen a la nueva situación, los congresistas incurrieron en prevaricato por acción, pues votaron el proyecto del referendo reeleccionista sin que hubiera claridad sobre las cuentas del comité promotor de la iniciativa.

Fuentes de las altas cortes expresaron que para que el Consejo de Estado entre a estudiar una demanda por pérdida de investidura tendría que haber una sentencia ejecutoriada en contra del congresista y no bastaría la mera existencia de una denuncia o de una investigación sobre el tema que están tratando para hablar de un conflicto de intereses.

Dignatarios de la Corte Suprema de Justicia le reiteraron ayer EL TIEMPO que no hay investigación penal alguna contra los congresistas.

Tal vez previendo el pánico que entre su bancada generaría este tema, el presidente Álvaro Uribe, reunido el miércoles con un grupo de sus congresistas, afirmó, en alusión directa a la investigación de la Corte, que “no se puede afectar la libertad del congresista” al momento de votar.

Sus palabras fueron replicadas ayer por el ministro del Interior, Fabio Valencia, quien aseguró que “ni el voto de un parlamentario ni lo que exprese en el ejercicio de su función puede tener responsabilidad penal para el parlamentario”.

Pero las afirmaciones de Uribe y Valencia no han calmado los nervios de los parlamentarios. “Veo a la mayoría de gente con ganas de sacarle el cuerpo al tema”, comentó un representante que pidió la reserva de su nombre.

Y es que para algunos, ‘sacarle el cuerpo’ a la conciliación sería el primer paso para hacer lo propio con el Presidente y la coalición uribista.

“Hay gente que hoy no está tan convencida de le reelección porque su propia reelección pasó a primer plano”, afirmó el congresista de ‘la U’ Nicolás Uribe, quien aseguró que “hay gente, gente del uribismo, que debe estar con una sonrisa silenciosa viendo como esto se convierte en un problema para avanzar en la aprobación del proyecto”.

Desde esa perspectiva, la investigación preliminar de la Corte Suprema de Justicia, está logrando lo que ni las recusaciones y las apelaciones han conseguido: que el referendo reeleccionista muera asfixiado, por falta de trámite y tiempo en el Congreso.

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/politica/enredo-juridico-del-referendo-reeleccionista-preocupa-a-los-congresistas_5358709-1